Democracia, justicia social y función social de la propiedad

La democracia actual es un sistema en el que todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Es el denominado sufragio universal. Este sistema es relativamente reciente en la historia de la humanidad, ya que ni siquiera en la democracia ateniense, modelo ideal de democracia, tenían derecho a voto todos los habitantes atenienses, sino más bien una minoría de los mismos. A la democracia con sufragio universal se ha llegado tras un largo proceso, en el que durante muchos años predominó un sufragio censitario con criterios crecientemente inclusivos, pero que básicamente se basaban en la riqueza y el nivel de instrucción.

La justificación ideológica de ese sistema se resumía en que son los dueños de una nación los que deben decidir sus destinos.

Hoy día no se pide absolutamente ningún requisito para poder votar. Se sobreentiende que todos los ciudadanos saben leer y escribir, que son capaces de entender los mensajes de las distintas opciones políticas, que disponen del tiempo y el interés para meditar su voto y que usarán criterios racionales. Presupongámoslo.

Tampoco se pide ningún requisito económico para poder votar. El voto de Emilio Botín vale lo mismo que el voto de cualquier español sin oficio ni beneficio, incluídos los convictos por robar bancos. (No es así en USA, por ejemplo, donde los ciudadanos encarcelados pierden su derecho a voto).

¿Cómo se llegó al sufragio universal?. Básicamente fue una manera de ingresar a las facciones más izquierdistas en el sistema democrático, una manera de luchar contra los intentos revolucionarios de comunistas, socialistas y anarquistas. Una manera de buscar paz social entre la clase dirigente y la clase obrera. De que los obreros sintieran que la nación también les pertenecía a ellos, que también tenían poder de decisión sobre sus destinos.

Hoy día apenas quedan obreros en el sentido tradicional de la palabra, y las tentaciones de instaurar el comunismo o el anarquismo han perdido mucha fuerza. Pero en 1978, cuando los redactores de la Constitución intentaban escribir un texto capaz de contentar a todos, la URSS aún no había colapsado, el PCE era una fuerza importante, y el PSOE apenas acababa de abandonar como objetivo programático la instauración de una dictadura del proletariado. Fruto de ese intento de llegar a un acuerdo salomónico son los artículos 33 y 38:

Artículo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Es decir, que la postura de la CE frente a la propiedad privada y la economía de mercado es un sí pero no, o viceversa. ¿La propiedad es del individuo o de la colectividad?, pues depende. ¿La economía la dirigen los individuos o la colectividad?, pues depende.

¿Y por qué se deja abierta la posibilidad de que los individuos tengan que poner su propiedad o sus decisiones económicas a merced de lo que digan los políticos?. Pues porque sólo así es posible conseguir la "justicia social". ¿Y qué significa ese término tan usado y que suena tan bonito y solidario?.

Veamos, el sentido clásico de la justicia sólo puede ser individual. Si un español asesina a alguien, es él el que debe ser castigado, no todos los españoles. Ídem con hombres, budistas, votantes del PP, pelirrojas, o zurdos. El delito lo comete uno o varios individuos, pero no la "sociedad".

Pero el concepto justicia social debe referirse a delitos sociales, es decir, a delitos cometidos por "la sociedad", delitos colectivos. Es un concepto necesariamente difuso, a diferencia de la Justicia tradicional. ¿Y cuál es el supuesto delito cometido por esa señora llamada sociedad?. Pues se sobreentiende que el delito merecedor de que se haga justicia es el hecho de que determinadas personas tienen más riqueza que otras. ¿Y cómo se desface ese agravio?. Pues mediante la función social de la propiedad privada y, en su caso, la planificación económica estatal. Es decir, tu propiedad es tuya mientras el Estado te lo permita, y en todo caso, la parte de tu propiedad que el Estado decida tendrás que entregársela al Estado mediante impuestos, para que el Estado, cual moderno Robin Hood, haga justicia (social).

La idea de base está muy clara: los ricos no se merecen ser ricos, y los pobres no se merecen ser pobres. Si un rico consigue hacerse rico, ha sido sin duda robando, explotando, engañando. Y aunque no le haya pescado la Justicia tradicional, el Estado sí que le pescará, y devolverá el dinero a aquellos desposeídos a quienes por justicia pertenece.

¿Qué relación tiene todo esto con el sufragio universal?. Pues que nadie necesita haber creado riqueza para la sociedad para poder decidir cuánta riqueza quiere recibir de la sociedad. Todos podemos beneficiarnos de los servicios públicos de manera gratuita, todos podemos optar a subvenciones y ayudas sociales. Mejor dicho, cuanto más "pobre" sea una persona, más beneficiado saldrá, pues sin apenas contribuir mediante impuestos, más recibirá del Estado. ¿Qué votarán las personas que tengan menos recursos?. Pues es de imaginar que votarán a políticos que prometan más impuestos y más gasto social. En cambio, las personas que más riqueza crean, y que seguramente son las que menos recurren a los servicios públicos, es decir, las que más dinero pagan y menos reciben a cambio, es probable que voten a políticos que propongan menos impuestos, menos gasto social, y más libertad de mercado.

Claro está que a más altos los impuestos, menos dinamismo económico, menos inversión, menos incentivos para arriesgar en proyectos, menos creación de empleo, y como consecuencia, menor nivel final de recaudación y más pobreza para todos. Pero eso a los políticos que suban los impuestos, no les afectará personalmente, ellos habrán creado un Estado más grande, más poderoso, con más redes clientelares, más personas que viven del Estado, una sociedad más dependiente de los políticos. Normalmente no llegan a intervenir tanto como para matar a la gallina de los huevos de oro, pero de vez en cuando, sobre todo en Sudamérica, surgen políticos populistas que prometiendo el oro y el moro, obtienen los votos de la parte más pobre y menos culta de la sociedad para auparse al poder y acabar empobreciendo a su país por décadas. En España la presión fiscal es del 50%, lo que significa que por término medio, la mitad de las horas que trabajamos o la mitad del riesgo y la creatividad que ponemos en nuestra empresa, se las queda el Estado. Sumando, el empleador debe pagar de cuota de seguridad social más del 30% del sueldo, el empleado más del 6%, todos los productos o servicios llevan un 16 (o un 7)% de IVA, el 59% del precio de la gasolina es impuestos, así como el 72% del precio del tabaco, hay tasas especiales, impuestos de circulación, IBI, impuesto de sucesiones, impuesto de transmisiones, parquímetros, etc, sin contar con las subastas de suelo público, que forran a los políticos y encarecen el precio de la vivienda. La presión fiscal nos priva de gran cantidad de recursos que podríamos dedicar a lo que cada uno de nosotros decidiéramos, incluídas sanidad privada, educación privada, planes de pensiones privados, etc. Nos hace menos libres y más dependientes del Estado, además de frenar el crecimiento económico.

¿Es justo que los que más riqueza crean tengan que mantener con su riqueza a personas que no crean la bastante como para mantenerse por ellos mismos?. ¿Es justa la justicia social?. ¿Los ricos consiguen ser ricos a base de robarles a los demás?. ¿O los ricos llegan a ricos porque han ofrecido a la sociedad bienes y servicios satisfactorios, que la gente voluntariamente ha comprado o usado?. ¿Por qué se ve mal la riqueza individual conseguida legítimamente y sin embargo se ve bien a los políticos, que obtienen sus sueldos y los inmensos presupuestos que manejan de los impuestos que pagamos todos?.

Digo que es legítima la propiedad privada conseguida legítimamente porque no lo es la conseguida robando, estafando o extorsionando, y sin embargo sí la es la obtenida de la lotería o de herencias. El que se hace millonario por la lotería o la quiniela, compra cupones a cambio de la remota posibilidad de ganar dinero. Es un contrato libre por parte del jugador y de la administración de loterías. El que se hace rico por una herencia, ha obtenido esa riqueza de manera legítima, pues su legítimo dueño se la dejó en herencia, como se la podría haber donado en vida. Son formas legítimas de enriquecerse, aunque no impliquen esfuerzo. En cambio, habrá personas que estuvieran dispuestas a trabajar a pleno sol excavando agujeros en lo alto de un monte, y volviendo a taparlos después, con tal de obtener un sueldo, pero eso no le serviría de nada a la sociedad. El trabajo de un ingeniero informático está más valorado económicamente que el de una persona que friega suelos o repone en los supermercados, trabajos que conllevan bastante más carga física. Pero es que los sueldos de los trabajadores o el éxito o fracaso de una empresa, los valoran los ciudadanos en función no del esfuerzo o el mérito, sino en función de su valor relativo para la sociedad. Obviamente, trabajando duro es más probable llegar a tener riqueza que jugando a la lotería, pero el mero hecho de estar dispuesto a trabajar duro, no te da derecho a ganar un sueldo determinado. Sólo obtendrás riqueza para tí si tu trabajo o tu idea empresarial crea riqueza para la sociedad, y los ciudadanos deciden contratarte o comprar tus productos. Mantener mediante subsidios empresas no rentables es quitarle a los ciudadanos mediante impuestos el dinero que ellos no han querido voluntariamente gastar en los productos de esa empresa. La justicia social es un intento de enmendar mediante leyes e impuestos las decisiones que las personas toman libremente en el mercado.

Otra justificación que suele hacerse de la justicia social y la redistribución de rentas es el hecho de que nadie tiene la culpa de nacer en una familia determinada. Es cierto, nadie tiene la culpa. Son los padres los que deciden tener hijos, a sabiendas de cuál es la situación. Y no hablo sólo del nivel económico, sino del cultural, de la casa en la que viven, del estado de la relación sentimental entre el padre y la madre, del entorno en que se criarán esos niños. Es obvio que si una familia adinerada tiene hijos, les podrá ofrecer mejores condiciones económicas que una familia menos adinerada, pero no necesariamente más cariño, más respeto, mejor nivel cultural o más estabilidad emocional. Cada pareja (o cada madre soltera) decide pues libremente tener o no hijos. ¿Debe la sociedad igualar mediante los servicios públicos las condiciones en que crecerán esos niños?. En primer lugar, nunca se conseguirá la igualdad de condiciones económicas, en todo caso se podrá garantizar un nivel mínimo de posibilidades educativas para todos los niños españoles, mediante un sistema de educación pública "gratuita". En segundo lugar, la educación no es optativa, sino obligatoria. ¿Y eso por qué?. Una vez más debemos ser conscientes de que vivimos en un sistema de sufragio universal, en el que nos importa a todos mucho que el nivel medio cultural, intelectual, de comprensión verbal y de capacidad crítica de los españoles sea lo más alta posible. Nos va mucho en ello, porque el Estado tiene muchísimo poder, porque el Estado se inmiscuye en cada aspecto de la vida, y el Estado es dirigido por los políticos que decide la mayoría de los ciudadanos. Nos importa pues mucho con qué tipo de ciudadanos convivimos. Además, nos interesa a todos que cada español tenga una oportunidad de llegar lejos, si es capaz de ello. Si nace un Einstein, un Ortega, un Bill Gates, es importante que tenga su oportunidad. Por ello, y no por una nebulosa justicia social, nos interesa a todos que haya una educación básica pública de tanta calidad y exigencia como sea posible, y un sistema exigente de becas para los mayores de edad.

Respecto a la sanidad pública, es obvio que si la edad mínima para trabajar son los 16 años, es imposible que alguien se mantenga a sí mismo antes de esa edad. Por lo tanto, la sanidad pública para los menores de edad o los ya jubilados, o los discapacitados, tiene sentido. ¿Hasta qué punto, sin embargo, es justo que una persona en edad de trabajar, y no impedida para ello, obtenga el trabajo de un médico, de unas enfermeras, de unos farmaceúticos, de manera gratuita?. Puede ser considerado útil, humano, apropiado, compasivo, solidario, etc, pero me parece dudoso llamarlo justo.

En resumen, si todos nos acogiéramos a la larga lista de derechos (vida, trabajo, vivienda, educación, sanidad, cultura, medio ambiente, etc) que nos garantiza la Constitución para vivir mantenidos por otras personas, ¿quién mantendría el sistema en marcha?, ¿quién pagaría la construcción de casas, hospitales y escuelas?. La riqueza hay que crearla, y esperar vivir de subsidios, ayudas sociales y servicios públicos no es apelar a la justicia. La propiedad privada tiene una indudable función social: es una institución jurídica y de derecho natural que permite que cada cual pueda disfrutar de la valoración que los demás hagan de su trabajo o actividad. Una institución que ha permitido progresar al ser humano, que ha incentivado la producción de riqueza, los intercambios voluntarios, la cooperación pacífica y la laboriosidad. Es la condición indispensable para que la caridad y la solidaridad sean posibles, ya que para poder compartir riqueza, lo primero es poseerla. Pero entender la función social de la propiedad como la competencia de los políticos para apropiarse de la cantidad de riqueza privada que deseen, sólo lleva a la pobreza, la injusticia, y el totalitarismo estatal.

Por mucho que a esos políticos les hayan votado la mayoría de los ciudadanos.